EAJ - PNV

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Argitaratutako azkenak

• 2013/05/10

  “CATALUNYA FRENTE AL MURO CONSTITUCIONAL”

  • Mota: Iritzia
  • Komunikabidea: El Diario Vasco

  Como es casi tradición, el Gobierno central se vuelve a empeñar en gestionar judicialmente el conflicto político con Catalunya. Y así, el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre el famoso recurso interpuesto por el Gobierno central frente a la Declaración política sobre la soberanía de Catalunya declarando la suspensión inmediata de la citada declaración política.

  La primera consideración a subrayar parte de la aviesa utilización del artículo 161.2 de la Constitución para impugnar una mera declaración política del Parlament catalán y ubicar, por tanto, al TC frente a una situación que en modo alguno le corresponde como jurisdicción dedicada al control de la constitucionalidad de las leyes y a la defensa de los Derechos Fundamentales. Este precepto permite impugnar las disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas, remitiéndose a tal fin el procedimiento al propio de los conflictos positivos de competencias (arts. 62 y ss. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Huelga decir que la Resolución objeto de impugnación carece de contenido jurídico real ni abre procedimiento alguno. Constituye un absurdo jurídico impugnar una mera declaración política, cuando es precisamente el propio Parlament catalán el que tramitará el texto y dará vida o no a una declaración formal de soberanía catalana.

   

           Esto es más sentido común que Derecho pues, desde esta perspectiva, el Gobierno central no puede impugnar una resolución parlamentaria carente de contenido jurídico y que sólo el Parlament catalán configurará como tal. Es decir, presuponiendo que la Propuesta del Parlament de Catalunya fuera inconstitucional “in integrum”, nada ni nadie pueden impedir que el propio debate y tramitación parlamentaria se produzcan. Es que justamente ésa es la esencia de todo trámite parlamentario y de un Estado de Derecho.

   

           Dado que el TC no solo admite a trámite si no que incluso suspende la resolución catalana la voluntad política es bien clara y se manifiesta como un muro de cemento frente a cualquier debate político y democrático.

   

           En realidad, si el fin, como se pretende explicar, fuera controlar la constitucionalidad del texto, se utilizaría directamente el art. 161.1 CE, esperando, eso sí, a un texto normativo como tal, una vez aprobado, pues una mera declaración política inicial carece de efecto jurídico alguno: no es norma, ni disposición, ni nada que pueda controlarse constitucionalmente.

   

           Pero como el fin no es controlar su constitucionalidad, poco o nada importa el procedimiento, pues aquí solo se trata de impedir y hurtar el debate en el Parlament de Catalunya. Es evidente que el Gobierno central desconoce cómo saldrá el texto de propuesta de soberanía del hemiciclo catalán; lo único que pretende es hurtar el debate parlamentario. En realidad,  al Gobierno central le sobran los Parlamentos Autonómicos pues le basta consigo mismo y con el TC. Esto en Derecho se asemeja bastante al concepto de fraude de ley según el art. 6.4 del Código Civil: “actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico”. El recurso se plantea al amparo de una norma que es el susodicho art. 161.2 CE y el resultado prohibido por el ordenamiento es hurtar el procedimiento parlamentario a la Cámara de Catalunya. En suma, lo que se nos hurta es la misma soberanía del pueblo representada en la soberanía parlamentaria y la hoy malograda separación de poderes.

   

            Frente a lo anterior, como es bien conocido, el TC ni siquiera admitió como constitucional el término “Nación” respecto de Catalunya en su propio Estatuto, y prohibió una consulta popular en Euskadi amparada en una Ley emanada del Parlamento Vasco. Básicamente, porque la visión del TC está impregnada de prejuicios políticos y se basa en un concepto de soberanía anclado en nociones decimonónicas. Las reglas de interpretación de las normas y principios internacionales también admiten alteraciones con el paso del tiempo, como sabiamente pondera el Código Civil en su artículo 3.

   

           En resumen, la interpretación de situaciones e instituciones jurídicas actuales a la luz de los principios de soberanía vigentes en los lejanos tiempos de Bodino parece, como mínimo, un matiz severamente desenfocado. Mientras tanto, en los pagos ibéricos los contornos patrios no se discuten, ni siquiera con aquellas reformas y propuestas que puedan encontrar luz en el ordenamiento o en la propia fuerza de la democracia. El contorno es, por tanto, sólido, pétreo, intangible a la democracia o a la palabra del pueblo, sencillamente porque el contorno se impone, pese a todo, por encima de la palabra o la voz de las personas.

   

           El debate seguirá vivo en Catalunya pues gobernar o sentenciar contra los pueblos es una receta política de corto recorrido ampliamente rechazada por la sociedad civil. En Euskadi y Catalunya es lo que estamos padeciendo, mientras en Quebec y en Escocia sucede todo lo contrario con absoluta normalidad democrática.

   

   

• 2013/02/14

  EH Bildu: Por encima del bien y del mal

  • Mota: Iritzia
  • Komunikabidea: Deia

  EL tratamiento asistencial y educativo que se presta a los niños y a las niñas en los centros del Consorcio Haurreskolak es un tema que se convierte en noticia con frecuencia. Recientemente, el pasado 7 de febrero, se debatió esta cuestión en el Parlamento Vasco y desde entonces se han hecho afirmaciones sobre la supuesta actitud que EAJ/PNV tiene en relación a las haurreskolas y al euskera que nada tienen que ver con la realidad.

  Ante todo, no perdamos de vista quiénes están y quiénes deben estar en el centro del servicio que prestan las haurreskolas: los niños y las niñas. Estos centros tienen como objetivo trabajar sus necesidades afectivas y emocionales y su relación con la escuela. Al hilo de cuanto se ha dicho estos últimos días, nos vemos en la obligación de reiterar que el respeto a la lengua materna del niño o la niña no significa que en la escuela se les hablará en dicha lengua. Debido a razones pedagógicas, no puede haber una ruptura entre el hogar y la escuela. Por tanto, nos resulta incomprensible el alboroto y la alarma suscitados estos días. La ciudadanía vasca debe saber que el proyecto de las haurreskolas sigue adelante y que, como hasta ahora, la principal lengua de comunicación será el euskera, porque así lo han elegido los padres y las madres y porque así lo regula la normativa.

  El debate se suscitó en base a una iniciativa presentada por el PP. A la vista de que no compartíamos algunas de las cuestiones que se planteaban en dicha iniciativa, el grupo Euzko Abertzaleak presentó una enmienda. No fuimos el único grupo que lo hizo. A pesar de no ser iguales, el grupo socialista presentó una enmienda similar. Tratamos de llegar a un acuerdo transaccional pero el grupo socialista no accedió. Es una pena, pero fue su decisión. La respetamos. De todos modos, reiteramos que no estábamos en contra de la enmienda socialista, coincidíamos en los términos en los que estaba planteada.

  A diferencia de ello, EH Bildu vino con las manos vacías. Una vez más, no hizo los deberes. No presentó ninguna enmienda, ni parcial ni a la totalidad. Es decir, no puso por escrito su propuesta. A pesar de que tuvo oportunidad, no puso por escrito su opinión. Hizo lo de siempre: en lugar de proponer algo, se limitó a criticar al resto. Como nos tiene acostumbradas, EH Bildu actuó por encima del bien y del mal. Conocemos de sobra las críticas y manipulaciones de EH Bildu pero no conocemos ninguna propuesta clara y concreta. ¿Tiene o no la tiene? Si no nos la muestra, creeremos que no la tiene.

  Analizados todos los aspectos de la iniciativa, EAJ/PNV trató de alcanzar un acuerdo con el grupo proponente. En consecuencia, el PP dejó a un lado la mitad de su iniciativa y llegó a un acuerdo con nuestro grupo.

  Ateniéndonos al texto aprobado el jueves, podemos afirmar lo siguiente: lo que allí se dice coincide con lo que a día de hoy se hace en las haurreskolas de la CAV. El texto viene a ratificar la actividad diaria de las escuelas infantiles. Esto es, continuar con el tratamiento educativo y asistencial en las haurreskolas, favoreciendo el bilingüismo en las dos lenguas oficiales, desde el respeto a la lengua de origen.

  Tal y como hemos indicado anteriormente, este tema es recurrente. Lo aprobado el jueves coincide con la enmienda transaccional firmada por cuatro grupos parlamentarios en el año 2009. Entre esos grupos se encontraba EA, actual componente de EH Bildu. ¿Acaso EH Bildu ha tratado de esconder ese hecho no presentando ninguna enmienda? ¿O acaso su objetivo era tener la última palabra valiéndose del procedimiento, hacer afirmaciones insultantes y dar titulares a los periódicos?

  EH Bildu ha llegado muy lejos en ese intento de tratar de alejarse de lo que uno de sus componentes impulsó cuando gobernaba. Haciendo afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad, EH Bildu ha emprendido un camino muy retorcido. ¿Dónde está la evaluación de la trayectoria de uno de ellos, de EA? Cada uno sabe de qué pie cojea. EAJ/PNV ha actuado con coherencia. Lo aprobado el jueves coincide con lo aprobado en el año 2009. EAJ/PNV ha mantenido su posición.

  Escuchadas las críticas y manipulaciones de EH Bildu, he aquí lo que le pedimos: Que nos indique una escuela infantil del Consorcio en la CAV -nos basta con una sola- en la que el euskera esté arrinconado y discriminado, en la que se imponga el castellano, que actúe en contra de la voluntad de los padres y las madres. Por favor, que nos diga una sola, no pedimos mucho. En cambio, nosotras podemos decir que todos los niños y las niñas aprenden euskera en todas las haurreskolas. Todos y todas, tanto los/as que tienen contacto en casa con el euskera o el castellano, como los que tienen contacto con ambas lenguas. Reiteramos la pregunta: ¿Cuál es esa haurreskola en la que eso no ocurre?

  El proyecto de las haurreskolas es educativo y asistencial y debe aunar ambas vertientes. Las haurreskolas cuentan con un proyecto integral, aprobado por EA cuando dirigía el Departamento de Educación. No ha cambiado. Lo que dice la enmienda aprobada el jueves es que hay continuar "con su proyecto educativo-asistencial". Por tanto, ¿dónde está el problema? ¿Qué dice EA? ¿Acaso que en su día arrinconó y discriminó el euskera, impuso el castellano y actuó en contra de la voluntad de los padres y las madres y que ahora se han arrepentido? ¿Es eso lo que nos dice? ¿No será que la portavoz de EH Bildu fue muy lejos el jueves? Lo que se aprobó el jueves es lo que firmó en 2009.

  Las haurreskolas no son un obstáculo para el euskera. Las haurreskolas son un puente para el euskera, una puerta para aquellos niños que no aprenden euskera en sus casas. Eso es lo que quiere la mayoría de esta sociedad. Eso es lo que quiere el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

  Por último, queremos hacer una aclaración en relación a la mención que EH Bildu hace a la Investigación Arrue. Lo que muestra esa investigación no es lo que EH Bildu dice, es casi lo contrario. Muestra que los modelos lingüísticos, por sí solos, no garantizan el uso del euskera. Muestra que el modelo lingüístico no es la panacea ya que a pesar de que el alumnado habla en euskera en el aula gracias al modelo lingüístico, no lo hace en la misma medida cuando está en el patio.

  Por tanto, dejemos, por favor, de hacer un uso político y partidista en lo relativo al euskera. No suscitemos miedos y falsas alarmas. El euskera se merece eso y más. Debemos al euskera más que eso. Entablar una colaboración sincera. Es lo mejor que podemos hacer a favor del euskera.

   

• 2013/01/18

  Maroto debe asumir que Vitoria-Gasteiz necesita presupuestos

  • Mota: Iritzia
  • Komunikabidea: El Correo

  Ya en los tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812 se reivindicaba que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. Doscientos años después, esa proclama es más adecuada y necesaria que nunca. Así entiendo yo la política, como un instrumento que sirva para mejorar nuestra calidad de vida, para que todas las personas podamos alcanzar la felicidad. La política debe ser un medio para resolver los problemas de las personas, no para crearlos, que es lo que con demasiada frecuencia percibe nuestra sociedad. Y el presupuesto es la herramienta básica con la que cuentan las  administraciones públicas para desarrollar sus políticas y atender las necesidades de la sociedad al objeto de garantizar el desarrollo y bienestar de todos sus miembros.

  Vitoria-Gasteiz no es ajena a esta necesidad. Nuestro municipio necesita de unos dirigentes con altura de miras y de unos presupuestos adecuados a las necesidades de las personas y centrado en lo actualmente prioritario: el fomento del empleo en una ciudad que cuenta ya con 21.700 personas desempleadas; y el mantenimiento de los servicios públicos destinados a preservar nuestro bienestar.               

  Soy consciente de que la credibilidad política no se sustenta en buenas palabras y discursos redondos de sus representantes, sino en hechos. Por eso, ante la inacción del gobierno municipal hemos presentado un proyecto de presupuestos para 2013 (ver documento completo en www.pnvgasteiz.eu).  Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que un grupo político de la oposición presenta un proyecto de cuentas públicas. Un proyecto basado en la previsión de  ingresos realizada por el propio equipo de gobierno, ajustado a la situación económica actual y centrado en las personas. Un presupuesto que no recurre a la deuda y que, a pesar de contemplar recortes al disponer de 50 millones de euros menos que en 2012, es capaz de mantener el empleo  público y los servicios municipales directamente dirigidos a la ciudadanía. Un proyecto riguroso, realista, y viable  que cuenta con el visto bueno del interventor general del Ayuntamiento y que cumple los requisitos económico-financieros para su aprobación. Es evidente que no es el proyecto que nos gustaría presentar, pero es el mejor posible a tenor de la situación económica que padecemos. Nuestra propuesta demuestra que los recortes de las políticas públicas no los tienen que pagar directamente los gasteiztarras, como plantea el PP en Madrid, Valencia o Vitoria.

  Sin embargo, el alcalde Maroto sigue empeñado en imponer a golpe de decreto su proyecto de ciudad y de cuentas públicas. Limitar la participación del PNV en la negociación presupuestaria a un máximo de 5 millones de euros (el 1,5% del presupuesto) refleja la escasa voluntad del sr. Maroto por alcanzar un acuerdo. Convendrán conmigo que no resulta equilibrada ni proporcionada una negociación donde el PP pretende determinar el destino de 98,5 de cada 100 euros y el PNV solo puede definir  el destino del euro y medio restante. En esas circunstancias por responsabilidad ofrecimos nuestra abstención, pero no un voto afirmativo. Sin embargo, nuestra abstención no le sirve a Maroto, que ha decidido excluir de la negociación al resto de grupos políticos, algo impropio de un alcalde que reivindica el consenso político.               

  Pero aún más grave que la forma de negociar, es su forma de proceder. Primero porque incumple sistemáticamente sus compromisos y los acuerdos alcanzados, como el firmado con el PNV para desarrollar el Plan de Equipamientos y Servicios. Maroto se ha gastado el dinero que financia ese plan en otros menesteres. Un plan que, por cierto, nunca hemos dejado ni dejaremos de defender porque en él va nuestra palabra. Y segundo porque incumple sistemáticamente la ley, tanto la normativa foral como la estatal que le obliga a presentar un proyecto de presupuestos. Maroto se siente cómodo con una prórroga que no le merma su capacidad de gasto y de acción y que le permite modificar el presupuesto a su antojo. Resulta evidente que el alcalde tampoco en 2013 se resiste a la tentación de seguir actuando de forma unilateral, imponiendo un modelo de ciudad que se olvida de su principal capital: las personas.                 

  Actuar de espaldas al Pleno, máximo órgano de representación  municipal y hurtar sistemáticamente sus competencias a la hora de debatir aprobar, modificar o rechazar los presupuestos ponen de manifiesto el verdadero talante de un gobernante. Las formas de actuar del sr. Maroto se asemejan más a las que desarrollan los gobiernos presidencialistas más deformados de América Latina, más cercanos a los sistemas dictatoriales, que a los modernos sistemas parlamentarios europeos.               

  El Partido Popular debe abandonar el binomio imponer-impedir: imponer cuando gobierna e impedir cuando está en la oposición, fórmula que desgraciadamente ha imperado en nuestro Ayuntamiento y que ha supuesto en la última década un despilfarro de más de 35 millones de euros en proyectos que o no han visto la luz o han sido mal gestionados por la improvisación y la precipitación de los gobernantes de turno. Maroto debe entender que Vitoria-Gasteiz necesita una clase política capaz de dialogar y acordar. Maroto debe entender que este municipio necesita consenso político para aprobar en 2013 unos presupuestos que den respuesta a las prioridades ciudadanas.

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